El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, y otros siete investigados deberán cumplir nueve meses de prisión preventiva luego de declararse fundado el pedido formulado en su contra por el Octavo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de colusión agravada.
Foto: Gobierno Regional Áncash
Según la tesis fiscal, la autoridad ancashina se habría coludido con el ex gerente general del gobierno regional, Jhony Constantino Muñante Quispe; el gerente de Infraestructura, Pedro Velezmoro Sáenz; el responsable de la elaboración Inversiones de Optimización de Ampliación Marginal de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), Jiordano Alva Pinedo; el encargado de la evaluación del IOARR, Renzo Cerna Shuan; al subgerente de Administración-Abastecimiento, Juan Wilson Mendo Sánchez; al gerente de estudios y proyectos, Percy Rojas Vereau; el subgerente de Abastecimiento, Ángel Enrique Velásquez Abanto, y la empresaria Ninel Romero Bartusiak, para defraudar al Estado en la obra ‘Remodelación de ambiente complementario, adquisición de monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y equipo ecógrafo; además de otros activos del hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote’, valorizada en S/. 10 061 072.61.
La audiencia se desarrolló de forma virtual el 8 y 9 de diciembre últimos, ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Áncash.
Asimismo, valoró el argumento de la fiscalía sobre el peligro de fuga, el peligro de obstaculización y la pena que podrían recibir los involucrados por el delito de colusión agravada, y determinó que los imputados sean enviados al penal Víctor Pérez Liendo de Huaraz, por el período de nueve meses, mientras las investigaciones continúan.
Foto: Gobierno Regional Áncash
Según la tesis fiscal, la autoridad ancashina se habría coludido con el ex gerente general del gobierno regional, Jhony Constantino Muñante Quispe; el gerente de Infraestructura, Pedro Velezmoro Sáenz; el responsable de la elaboración Inversiones de Optimización de Ampliación Marginal de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), Jiordano Alva Pinedo; el encargado de la evaluación del IOARR, Renzo Cerna Shuan; al subgerente de Administración-Abastecimiento, Juan Wilson Mendo Sánchez; al gerente de estudios y proyectos, Percy Rojas Vereau; el subgerente de Abastecimiento, Ángel Enrique Velásquez Abanto, y la empresaria Ninel Romero Bartusiak, para defraudar al Estado en la obra ‘Remodelación de ambiente complementario, adquisición de monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y equipo ecógrafo; además de otros activos del hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote’, valorizada en S/. 10 061 072.61.
La audiencia se desarrolló de forma virtual el 8 y 9 de diciembre últimos, ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Áncash.
A pesar que la defensa de los involucrados negó que existieran irregularidades en la obra destinada a atender a los pacientes afectados por el coronavirus, el juzgado señaló que las pericias contables y de ingeniería civil realizadas por el Ministerio Público fueron determinantes y arrojaron irregularidades que “provocaron un grave perjuicio a la salud pública en un contexto de pandemia”.
Asimismo, valoró el argumento de la fiscalía sobre el peligro de fuga, el peligro de obstaculización y la pena que podrían recibir los involucrados por el delito de colusión agravada, y determinó que los imputados sean enviados al penal Víctor Pérez Liendo de Huaraz, por el período de nueve meses, mientras las investigaciones continúan.