La Comisión especial de investigación multipartidaria respecto al cobro del concepto de cargo fijo en los recibos del servicio de electricidad en el periodo de marzo, abril, mayo y junio del 2020, durante el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, fue aprobada por el Pleno del Congreso de la República por cien votos a favor, siete votos en contra y ocho abstenciones.
Foto: Congreso de la República
La moción también propone que se investigue los procesos de contratación de bienes y servicios, realizados por las empresas concesionarias de electricidad durante la pre y postpandemia, así como la fiscalización realizada por los órganos reguladores.
En función de ello, se le otorga a la comisión las facultades de control político en la modalidad de investigación, fiscalización y control, hasta por el lapso de 120 días hábiles, para determinar las posibles responsabilidades penales, civiles, administrativas o constitucionales de los servidores y funcionarios públicos de todos los sectores públicos y públicos-privados del Poder Ejecutivo involucrados.
Este pedido se realizó mediante la Moción de Orden del Día 00027, presentada por la bancada de Renovación Popular el 6 de agosto de 2021, y fue admitida a debate, inicialmente, con cien votos a favor, seis votos en contra, y nueve abstenciones.
El ponente de la moción fue el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP), quien, al sustentar el pedido, hizo un recuento de los actos administrativos efectuados por el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra durante su mandato.
La voz discordante fue la del congresista Elías Varas Meléndez (PL), quien destacó el hecho de que este tipo de propuestas podrían verse en el seno de una comisión ordinaria, que podría ser la Comisión de Vivienda y Construcción, para evitar mayor burocracia y mayor presupuesto.
También se aprobó la moción para conformar una comisión especial multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el Proyecto Especial Puyango-Tumbes, durante el período parlamentario 2021-26, con la finalidad de contribuir con los esfuerzos en materia legislativa, de seguimiento y control político a las acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo, el Gobierno Regional de Tumbes y el Congreso de la República.
La moción fue sustentada por el congresista Gustavo Cordero, de Fuerza Popular. Se aprobó con 102 a favor, 6 en contra y una abstención.
Foto: Congreso de la República
La moción también propone que se investigue los procesos de contratación de bienes y servicios, realizados por las empresas concesionarias de electricidad durante la pre y postpandemia, así como la fiscalización realizada por los órganos reguladores.
En función de ello, se le otorga a la comisión las facultades de control político en la modalidad de investigación, fiscalización y control, hasta por el lapso de 120 días hábiles, para determinar las posibles responsabilidades penales, civiles, administrativas o constitucionales de los servidores y funcionarios públicos de todos los sectores públicos y públicos-privados del Poder Ejecutivo involucrados.
Este pedido se realizó mediante la Moción de Orden del Día 00027, presentada por la bancada de Renovación Popular el 6 de agosto de 2021, y fue admitida a debate, inicialmente, con cien votos a favor, seis votos en contra, y nueve abstenciones.
El ponente de la moción fue el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP), quien, al sustentar el pedido, hizo un recuento de los actos administrativos efectuados por el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra durante su mandato.
La voz discordante fue la del congresista Elías Varas Meléndez (PL), quien destacó el hecho de que este tipo de propuestas podrían verse en el seno de una comisión ordinaria, que podría ser la Comisión de Vivienda y Construcción, para evitar mayor burocracia y mayor presupuesto.
También se aprobó la moción para conformar una comisión especial multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el Proyecto Especial Puyango-Tumbes, durante el período parlamentario 2021-26, con la finalidad de contribuir con los esfuerzos en materia legislativa, de seguimiento y control político a las acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo, el Gobierno Regional de Tumbes y el Congreso de la República.
La moción fue sustentada por el congresista Gustavo Cordero, de Fuerza Popular. Se aprobó con 102 a favor, 6 en contra y una abstención.