El Octavo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, solicitó una nueva prisión preventiva, por espacio de 10 meses contra el gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa y ocho implicados. Esta vez por el IOARR (Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y Reposición) - Huaraz, que comprende la construcción y equipamiento de ambientes Covid, en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.
Foto: Oficina de Imagen Institucional
Según el pedido fiscal, la primera irregularidad fue detectada en la compra de ambulancias, valorizadas en 4 millones de soles; estas se hicieron a través de forma directa con la finalidad de que sea una entrega inmediata. Sin embargo, se demoraron más de tres meses en ponerlas a disposición de la población, por lo que se presume que hubo un interés de los funcionarios en adquirirlas.
También se han encontrado indicios de corrupción en la construcción de los ambientes, la empresa contratista que habría elaborado el expediente técnico del denominado “componente infraestructura”, siendo esta tarea y responsabilidad de los funcionarios del Gobierno Regional de Áncash.
Dentro de los funcionarios procesados se encuentran el gerente del Gobierno Regional de Áncash, Johnny Constantino Muñante Quispe; el gerente de Infraestructura, Pedro Miguel Velezmoro Sáenz; el responsable de la elaboración del IOARR, Jiordano Renzo Alva Pinedo, el gerente regional de Administración, Juan Wilson Mendo Sánchez; el subgerente de Abastecimiento, Ángel Enrique Velásquez Abanto; el subgerente de Estudios y Proyectos, Willian Percy Rojas Vereau y el jefe de la Unidad Formuladora, José Luis Milla Prieto. A este requerimiento también se ha sumado la empresaria Carol Gina Chávez Pacchioni.
Todos serán procesados por el delito de colusión agravada, solo se espera el pronunciamiento de la Corte Superior de Justicia de Áncash, para la programación de la audiencia de prisión preventiva.
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