Nasimi
Administradora
- Gobierno Regional suspendió el servicio de transporte en plena reanudación.
- Medidas para enfrentar el COVID-19 no pueden ir en contra de normas nacionales.
- Transporte informal no cumple distanciamiento social mínimo.
Genoveva Gómez, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Amazonas explicó que, mediante Resolución Ministerial N° 0386-2020-MTC/01, se aprobó el “Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional”, en cuyo Anexo VI detalla de forma categórica que el reinicio de las actividades para la prestación del servicio de transporte terrestre regular de personas en los ámbitos nacional y regional, será desde el 15 de julio, a nivel nacional, con excepción de las zonas urbanas de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.
En ese sentido, la representante advierte que los alcances de la resolución emitida por el gobierno regional se excede en facultades y atribuciones, perjudicando a los ciudadanos al limitar las actividades que se encuentran permitidas y/o autorizadas. Dicha resolución no ha indicado el plazo ni periodo que durará la suspensión del transporte, lo cual por su propia naturaleza resulta arbitrario.
Asimismo, la institución considera que restringir las actividades económicas que por ley se han autorizado, generará un crecimiento de la informalidad en el transporte de personas, además de otras consecuencias como el aumento de los precios de pasajes e incumplimiento de las medidas sanitarias. “Hay que tener en cuenta, también, que ya se encuentra habilitado el transporte nacional, y arribarán a la región personas de diversas partes del país, las mismas que si tuvieran la necesidad de trasladarse a otras provincias y distritos de la región, se verán imposibilitadas de hacerlo, vulnerándose así su derecho al libre tránsito”, manifestó Gómez.
Ante esta situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Amazonas exigió al gobierno regional coordinar con las demás autoridades competentes a efectos de evaluar la actual y real situación sanitaria de la región frente al COVID-19 y, de esa forma, elaborar estrategias efectivas para mitigar su propagación sin contravenir las normas nacionales.
Finalmente, estás medidas deberán implementarse en un trabajo conjunto entre los gobiernos locales, autoridades sanitarias y demás autoridades competentes, para la fiscalización y supervisión del cumplimiento de los protocolos sanitarios y/o lineamientos aprobados para el desarrollo de un transporte seguro en la región.
Defensoría del Pueblo - Amazonas